La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y suspendió provisionalmente por tres meses al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por las modificaciones realizadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. 

En la misma decisión, el órgano de control profirió en su contra un segundo cargo disciplinario por solicitar a las cajas vigiladas un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca.

La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla. 

Esa situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila-. 

Para el Ministerio Público, el superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable.  

La suspensión provisional en el cargo se fundamentó en el hecho que, mientras el superintendente Pérez Casas lo ejerza, podría seguir modificando la lista de elegibles, vigente desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 5 de agosto de 2024 y, por tanto, designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.

Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, el órgano de control señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El Ministerio Público indicó que esa petición se pudo entender como una orden para las cajas de compensación, debido a las funciones que vigilancia y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas. Según lo afirmado por el funcionario en un evento público, al 9 de diciembre de 2022 los aportes recibidos superaban los 900 millones de pesos, y para el 15 de diciembre de ese mismo año esperaba completar mil millones de pesos.

Por esos hechos, la Procuraduría profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.